23 dic. 2014

La reforma laboral de Bachelet refleja la subordinación a los empresarios

Por Angela Gallardo Suarez



Tras un seminario realizado en la Universidad Adolfo Ibáñez, la Ministra del Trabajo dio a conocer los nueve puntos de la reforma laboral que impulsará el gobierno, los cuales no contemplan todas las exigencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).


El día 29 de Octubre, en la Universidad Adolfo Ibáñez, se desarrolló un seminario donde participaron integrantes del gobierno, empresarios y representantes de trabajadores, con el objetivo de seguir discutiendo la reforma laboral. Durante la instancia, la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, aprovechó para aclarar cuáles son las medidas que llevará adelante el gobierno y cuáles serán descartadas de los 25 puntos exigidos por la CUT.
Los nueve puntos impulsados por el Gobierno son los siguientes:
protección y promoción de la actividad sindical, incorporación de nuevos sujetos y ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, legislación sobre el piso mínimo de la negociación; normas sobre entrega de información de manera permanente al sindicato por parte del empleador dentro del proceso reglado, ampliación de las materias de negociación colectiva, modernización y simplificación del procedimiento; normas de titularidad sindical, huelga efectiva y fin del reemplazo, y fortalecimiento de la capacidad inspectiva de la Dirección del Trabajo (DT) en los procesos colectivos.
Por otra parte, Blanco excluyó la titularidad sindical que tenía como objetivo la constitución de sindicatos únicos y descartó prohibir que empleadores y trabajadores negocien contratos individualmente. También aseguró que el proyecto no considera el establecimiento de la sindicalización automática, no habrá negociación colectiva interempresas, y apuntó a que no se realizarán cambios a las indemnizaciones por años de servicio. Dentro del piso de la negociación colectiva, hay acuerdo en mantener los beneficios ganados por el trabajador en el último contrato o convenio colectivo. Aún está en duda si se incluirá el 100% del reajuste por IPC estipulado en la negociación anterior y se optó por excluir del piso mínimo el monto de los bonos por término de conflicto.
Además, señaló que la negociación colectiva se ampliará hacia jornadas y horarios de trabajo. Respecto al fin del reemplazo de trabajadores en huelga, el gobierno pone trabas y excepciones. Por ejemplo, los trabajadores subcontratados seguirían siendo reemplazados durante su huelga, si el empresario así lo quiere, y las empresas podrían reemplazar al personal con trabajadores que realizan otras actividades dentro de la misma fábrica, estableciéndose turnos para cumplir labores “críticas”, agregando la posibilidad de crear “turnos mínimos” en procesos de huelgas y paralizaciones.
Pese a las medidas que impulsará el Ministerio del Trabajo; los ejes más controversiales que son el fin al reemplazo en huelga, la titularidad sindical, y la posibilidad de que los sindicatos interempresas puedan negociar colectivamente, siguen siendo negados por el gobierno y los empresarios. 
Cabe destacar que el fin del reemplazo en huelga, medida creada en Dictadura Militar, es uno de los ejes centrales para los trabajadores, ya que le devolvería poder al sindicato como organismo de lucha, y evitaría así lo que ocurre actualmente: “las huelgas que no paralizan”. Sin embargo, el gremio empresarial ha sido bastante claro al manifestar su total rechazo a esta medida. Así lo ha planteado Andrés Santa Cruz, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien planteó que “a mi juicio no tener reemplazo no es conveniente”. Y, refiriéndose al reemplazo en huelga y la titularidad sindical: “El fin del reemplazo en huelga y titularidad sindical no son hoy temas prioritarios. Hoy no somos partidarios en innovar en ese tema, esa es nuestra postura”.

La tensión entre el Gobierno y los dirigentes de la CUT- principalmente Bárbara Figueroa- frente a estos ejes, se mantiene y no logra llegar a una síntesis de acuerdo. Representantes del organismo, como Arturo Martínez (PS), Bárbara Figueroa (PC) y Nolberto Díaz (Vicepresidente de la CUT) ya han manifestado su crítica hacia el gobierno y Trabajo, argumentando que “la CUT votó por Bachelet y no por los empresarios”, reflejando la enorme tensión al interior de la Nueva Mayoría, y la presión que tiene el gobierno frente a los organismo de trabajadores y también ante los empresarios que no quieren ceder ninguna demanda estructural.
Este constante “tira y afloja” dentro de la Nueva Mayoría se ha ido acentuando en esta última semana, ante el conflicto entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, donde este último partido se ha mostrado más conservador y reacio a impulsar las reformas que el Partido Comunista y sectores del Partido Socialista buscan tramitar para poder canalizar el descontento que se ve en las calles, que surgió desde 2011, y que se traduce en una crisis política dentro del gobierno que aún no logra dejar contentos a todos.
Ante los ejes principales, tanto la titularidad sindical como el fin al reemplazo en huelgas, siguen siendo las aristas más conflictivas de la reforma laboral, a las cuales se ha opuesto totalmente el gremio de empresarios; mientras el gobierno sigue cediendo a sus presiones, demostrando que no puede dejar contento a todos los sectores, y que tampoco puede hacerle frente a los empresarios. Ante el estancamiento de las reformas prometidas por el gobierno, y el mayor índice de desaprobación hacia la Nueva Mayoría, el Ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, argumentó que “lo que nosotros vamos a hacer es redoblar nuestros esfuerzos por llevar adelante todos los compromisos con la ciudadanía”.

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