1 abr. 2015

El poder del dinero puede más que la letra de la Constitución

De la democracia protegida a la controlada
Por Ramon Briones y Hernán Bosselin
Abogados

La dictadura estimó necesario establecer un orden constitucional que con muchas modificaciones nos ha regido. En su filosofía y origen estuvo la idea de una democracia protegida que consistía, en lo más esencial, en que el aparato militar y de orden protegería las bases institucionales de una ciudadanía o pueblo que, producto de los avatares sociales y económicos, quisiera una cosa distinta. En consecuencia, estaba claro quiénes eran los protectores y qué protegían y de quién.
Este entramado constitucional y legal comenzó a caerse, poco a poco, por sus propios errores y por el absurdo de su planteamiento de fondo. Señalamos como el inicio de la caída del mismo la creación del Tribunal Calificador de Elecciones que Pinochet no quería para el plebiscito de 1988. El largo camino de las negociaciones continuó sin pausa casi, hasta el día de hoy, un camino difícil muy empinado y con muchas negociaciones paso a paso, en las que se puede reconocer un hito en los cambios constitucionales: los  aprobados después del plebiscito y aquellos que culminaron con la Constitución que firmó Ricardo Lagos el año 2005, que modificó la tutela militar en lo normativo y terminó con el despropósito de los senadores designados y en alguna medida limitó el poder del Tribunal Constitucional.
Podríamos decir que éste fue un gran logro y que la democracia en adelante ya no tenía protectores y que el pueblo ciudadano era libre para definir los contornos y contenidos de la reglas que rigieran su destino. Craso error.
Paralelamente al proceso político, es decir, en la misma época en que se legislaba sobre el Tribunal Calificador y el país se preparaba para el plebiscito, la dictadura aprovechó el envión para liquidar a bajo precio el aparato productivo estatal a vil precio, como lo detectó la Contraloría General de la República durante el gobierno de Aylwin. Dichas ventas unidas a un conjunto de leyes amarraron la democracia de tal forma que, lejos de ser libre, pasó a ser  controlada.
Se estructuró una democracia controlada, una forma desconocida y nada estudiada por los constitucionalistas, que opera en las sombras y que hoy lo está haciendo activamente y cuyo objetivo por ahora es salvar la situación de peligro en que se encuentra para retomar algunos cauces que le permitan mantener al poder económico y expresado en sus grandes conglomerados financiero y productivo y, con ello, el control de los pasos de la democracia, los que toquen o puedan tocar su poder.
La pregunta era quién ejercía y cómo, entonces, el control.  Si ya no eran las Fuerzas Armadas y de orden, quién controlaba el cerrojo.
Escarbando en la historia se observa que la obra de la dictadura en materia económica tuvo dos aspectos: por un lado, libertad en los precios, libertad de contratación, apertura al comercio exterior y un poco de competencia en los mercados; y, por el otro, traspasar el aparato económico productivo del Estado a personas leales y afines a la dictadura y eso se hizo concienzudamente y sin pausa bajo la era de Büchi, el gran arquitecto. Para ello se desarrolló un proceso de una audacia impresionante. Primeramente se pusieron a la venta por gotas las compañías, entregando a personas que trabajaban en el Estado sus derechos a fondos por retiros y jubilaciones. Eso se llamó capitalismo popular. Mientras tanto, unos pocos conseguían créditos oportunamente, incluso del banco estatal, para adquirir paquetes que pudieran darles el control político de las empresas.
Hecha esa primera etapa era necesario capitalizar las compañías, para lo cual se les permitió a las empresas que controlaban los fondos previsionales, que son en el fondo impuestos específicos, comprar acciones y, como aquellas empresas estaban controladas a su vez por personas del mismo signo político, se conformó una perfecta dupla privada con un componente público, los fondos previsionales; pero aún faltaba otra ayuda del Estado, la que consistió en que las empresas pagaran impuestos sólo por aquellos dineros que no se reinvertían, lo que unido a un impuesto a la renta muy bajo catapultó el proceso de acumulación a niveles exorbitantes como los que se conocen hoy. Para este fin se creó el famoso FUT o Fondo de Utilidades Tributables, que acaba de ser objeto de una reforma parcial en la última reforma tributaria.
Cuando llegó la democracia estos grupos necesitaban verdaderos seguros de vida y evitar que gobiernos de centro izquierda, dirigidos por “peligrosos” democratacristianos o socialistas, afectaran sus intereses vitales y para ello hicieron dos cosas que les parecieron muy inteligentes. Primero fundaron, desarrollaron y consolidaron un partido político que es hoy el más grande, con el objetivo preciso de defender el proceso privatizador bajo el ropaje de defender un supuesto modelo de libertad económica. Pero como los votos no daban para entregar seguridades, concurrieron a la vereda opuesta y también procedieron a efectuar jugosos aportes a un grupo selectivo, pero muy influyente de personeros que pudiesen definir políticas públicas tanto a nivel ejecutivo como parlamentario. Así el dinero pasó a controlar la política.
De esta forma se estructuró una democracia controlada, una forma desconocida y nada estudiada por los constitucionalistas, que opera en las sombras y que hoy lo está haciendo activamente y cuyo objetivo por ahora es salvar la situación de peligro en que se encuentra para retomar algunos cauces que le permitan mantener al poder económico y expresado en sus grandes conglomerados financiero y productivo y, con ello, el control de los pasos de la democracia, los que toquen o puedan tocar su poder.
Por eso se está promoviendo por algunos un gran acuerdo político que ordene las cosas y permita que quienes hoy están siendo investigados y formalizados queden impunes o, en el futuro próximo, puedan volver a repostular. Ese acuerdo político constituiría una suerte de amnistía legislada por quienes han incurrido en graves delitos. Es decir, se piensa poner término a la crisis política a través de procedimientos completamente reñidos con la ética pública. Una autoamnistía como la de 1978, la que no han querido aplicar los jueces. Vano intento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Muchas gracias por participar en breve publicaremos su comentario