21 may. 2015

Fraudes, bullyng, mafia y amenazas de muerte, en el ejército

Fuente: Radio UdeChile


La estructura piramidal de las FF.AA. garantiza la obediencia jerárquica de sus efectivos. De esta forma, está subordinada al mando de los oficiales, quienes dirigen las instituciones en su dimensión administrativa, operativa y doctrinaria. Pero también son mayoritariamente quienes instruyen mecanismos para defraudar al fisco. El caso de una funcionaria civil en el Comando de Bienestar del Ejército devela una cultura de protección en la oficialidad que insiste en permanecer bajo la alfombra.












Cuando la entrevista ya se extendía por más de una hora, Vanessa pide una pausa para tomar una nueva dosis de medicamentos. Como una fiel mediadora de este encuentro, la grabadora registra el chasquido de la tira de pastillas, que deja caer cuatro grajeas sobre la mesa. De un solo suspiro, Vanessa se las toma.
Así es como se mantiene medicada la mayor parte del día. Por indicación del psiquiatra que la asiste en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Vanessa debe cumplir con un estricto tratamiento que le permite combatir una depresión profunda: “neurosis laboral”, detalla el informe clínico, fechado el día 24 de febrero de 2015.
Sin embargo, esta mutualidad de salud, que ofrece prestaciones tendientes a curar a los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades laborales, no suele recibir a pacientes como Vanessa, cuyo empleador, de carácter reservado y hermético, es el Ejército.
“Te voy a matar”
Vanessa Salas Sandoval tiene 45 años. Su cuerpo, delgado y consumido por tantos sollozos, se mueve impreciso, aturdido. Los psicotrópicos la mantienen en pié; le permiten contener la angustia de un proceso judicial extenuante, en donde se enfrenta a una institucionalidad blindada en honores y condecoraciones. Y es que Vanessa no está encarando a cualquier empleador abusivo. Con valentía, ella tomó la decisión de romper una hermética escafandra; una donde Chile no está habituado a meter sus narices.
Trabaja en el Comando de Bienestar del Ejército desde 1993, cumpliendo diferentes funciones administrativas como Trabajador Civil a Contrata (TCC). Su desempeño siempre fue bien evaluado, logrando dominar una estructura jerárquica donde los trabajadores civiles deben someterse a los mandos militares. Ahí aprendió que lo habitual para referirse a un uniformado es hacerlo por su rango y no por su nombre, incluyendo el “mi” como un pronombre que manifiesta respeto y obediencia. “Mi comandante”, “mi coronel”, “mi general”.
En abril de 2011, Vanessa llega al Hotel Militar 11 de septiembre. Uno de los centros recreacionales del Comando de Bienestar, de uso exclusivo para los oficiales, ubicado en Manuel Montt con Providencia. Sin inducciones ni capacitaciones, se instala en el área de contabilidad para cumplir labores administrativas, hasta que en enero de 2013 duplican sus funciones y la asignan como reemplazo de la secretaria personal del teniente coronel Carlos Schmied: el recién nombrado gerente general del Hotel Militar.
“Desde el primer momento, el mencionado oficial tuvo un trato denigrante hacia mi persona, dirigiéndose hacia mí en un lenguaje vulgar, apodándome la chuzo, por mi contextura delgada”, asegura Vanessa, relatando el inicio de una pesadilla. “A tal grado llegaron las burlas de este oficial de Ejército, que en algunas ocasiones pidió platos de almuerzo para mí, llenos de comida. Luego se sentaba a mi lado y me presionaba a comer delante de todos mis compañeros de trabajo”. El mismo recuerdo tiene Jimmy Miño, quien por ese entonces era contador civil del Hotel Militar. “A Vanessa la trataba muy mal. Se sentaba al lado de ella a la hora de almuerzo y le daba comida en la boca. Le hacía bullyng”, confirma.
El trato vejatorio y las humillaciones hicieron mella en el ánimo de Vanessa, quien resintió la complicidad y el silencio de la mayoría de sus colegas. Con leal indulgencia, los funcionarios del Hotel Militar no denunciaron estos episodios, trazando una ruta para las acciones que el teniente coronel emprendería más adelante.
Lejos de detenerse, Carlos Schmied intensificó sus maltratos. En abril de 2013, Vanessa estaba cumpliendo con sus funciones administrativas en contabilidad, ubicada físicamente en un área contigua a la gerencia. Una mañana, el oficial salió de su oficina y se acercó al puesto de Vanessa. De pié junto a ella, disimuladamente sacó una arma y la puso en sus costillas. “Me presionó fuerte y me dijo mira, te estoy apuntando con una pistola”, evoca Vanessa, aún traumatizada por este primer episodio de violencia.
Pero no fue el único. “En septiembre de 2013, yo estaba en mi puesto y me llama. Me paro en el marco de su puerta y desde su escritorio agarra una pistola, me apunta y me dice “te voy a matar”. La sentencia de estas palabras dejó a Vanessa impávida.
El oficial bajó su arma de servicio, mofándose de una reacción que tildó de exagerada. Aseguró que solo se trataba de una broma. Pero “Vanessa estaba pálida”, afirma Jimmy Miño, quien desde su escritorio escuchó las amenazantes palabras de Carlos Schmied. También recuerda que “al otro día (Vanessa) se desmayó y ya el lunes siguiente se fue con licencia harto tiempo”. Efectivamente, luego de meses de hostilidades, el teniente coronel Carlos Schmied logró quebrantarla.
Su ingreso a la ACHS se prolongó por varios meses de tratamiento psiquiátrico y psicológico. Luego de un análisis del caso, en febrero de 2014 la junta médica de esta mutualidad de salud ratifica el origen laboral de sus dolencias, y “brinda sugerencia (a la empresa) de cambio de dependencia jerárquica y/o alejamiento del estresor”.
MAFIA
Con este imperativo, el Ejército la traslada a las oficinas centrales del Comando de Bienestar, ubicado a solo pasos de la estación de metro Universidad Católica. En junio de 2014, Vanessa se integra al departamento de recursos humanos sin un cargo definido. Aunque la reinserción laboral fue difícil, Vanessa asegura que le ayudó a configurar una convicción de justicia. “Me sentía humillada y ofendida, pero esto no podía quedar impune”, declara, describiendo los motivos que la llevaron a solicitar una audiencia con el general Óscar Álvarez Guzmán, comandante de bienestar.
Cuando estuvo frente al general, Vanessa se sintió protegida por la máxima jefatura. “Me atendió casi por tres horas, me ofreció el cielo y la tierra. Me dijo que lo que había hecho Schmied era gravísimo, que está fuera de sus cabales y que eso no se hace ni de broma. Me dijo que lo iba a remover. Me ofreció todo su apoyo, incluso en lo económico”, recuerda, aún afectada por lo que considera una traición a sus años de servicio.
Y es que estando en estas dependencias centrales, con la más alta oficialidad del Ejército, Vanessa descubrió las reales dimensiones del problema. Cuatro meses después de ser reintegrada, en octubre del 2014, el Comando de Bienestar intenta notificarla de su despido. Fue entonces cuando comprendió que la institucionalidad a la que se enfrentaba era un gigante. “Son todos amigos entre sí. La mafia siciliana no es nada al lado de ellos”, asegura Vanessa, relatando cómo los efectivos militares “se cubren y se tapan”.
Vanessa no se dio por notificada, impidiendo que el despido se hiciera efectivo. La injusticia de una desvinculación infundada la llevó a buscar asistencia jurídica, donde le indicaron que el Artículo N° 90-A del estatuto administrativo protege a los funcionarios que denuncian irregularidades, particularmente aquellas que atenten contra el principio de probidad. Solo por la vía judicial sería posible enfrentarse al Ejército.
FRAUDE
Los rumores de irregularidades son pan de cada día en el Comando de Bienestar. Según la misión institucional, esta unidad está encargada de brindar “prestaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del personal y su grupo familiar”. Tiene presencia en todo el territorio, ofreciendo soluciones habitacionales, recreacionales y asistenciales. Administran las casas fiscales, conceden créditos, ofrecen residencias universitarias, jardines infantiles, asesorías jurídicas, incluso instancias de mediación familiar, reuniendo en una sola dirección los servicios que los civiles deben conseguir en diferentes organismos del Estado y cajas de compensación.
Entre los beneficios que el Ejército asegura a sus uniformados está una vasta y extensa red de centros recreacionales, turísticos y hoteles, que tienen la finalidad de “mantener y acrecentar la moral del personal de la institución”. La amplia cobertura de los centros recreacionales militares los convierte en uno de los complejos hoteleros más grandes del país. Solo el Comando de Bienestar del Ejército administra 29, entre los cuales destaca el lujoso Club Militar Lo Curro; la mansión que ofició como residencia de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, en cuya construcción se destinó un importante porcentaje del presupuesto de obras públicas para 1984.
Estas funciones obligan al Comando de Bienestar a administrar un amplio presupuesto. Según la ley sectorial para 2015, más de 400 mil millones de pesos son destinados a gastos de personal y 700 millones están reservados para el bienestar social. Con estos fondos emanados del presupuesto nacional, el Ejército cubre los gastos y adquisiciones en cada uno de los centros recracionales a lo largo del país. Es decir, los destina a la compra de insumos comestibles y bebestibles, así como la mantención y aseo de sus instalaciones. Son cientos los kilos de carne, litros de jugos y bebidas, toneladas de verduras, innumerables cubiertos, cortinas y manteles, cuyo inventario y gestión de los saldos está a cargo de los civiles y militares que se desempeñan como funcionarios.
En una estructura piramidal, donde los oficiales son jerarcas indiscutidos, las decisiones administrativas recaen como orden de mando. Así ocurrió en agosto de 2014, cuando una fraudulenta maniobra administrativa quedó al descubierto en el mismo Hotel Militar 11 de Septiembre. Para entonces, Vanessa continuaba con licencia, y el teniente coronel Carlos Schmied se encontraba de vacaciones en Colombia. Jimmy Miño, cumpliendo sus labores en el área de contabilidad, presenció cuando el encargado de sistemas le avisó al gerente subrogante sobre la existencia de tres bodegas virtuales creadas por el cabo 1° Alexis Zúñiga, “mano derecha del comandante Schmied”, recuerda Jimmy.
Estos repositorios, sin existencia real, eran un archivo computacional donde los funcionarios involucrados desviaban la mercadería no utilizada en los eventos del hotel, haciéndola desaparecer del inventario. Según la denuncia que Vanessa Salas presentó en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, y que hoy está en manos del Ministerio Público, “faltarían aproximadamente cuarenta y cinco millones de pesos en bienes que se traspasaron de la bodega principal a las tres bodegas virtuales”, en una operación que se realizó, al menos, entre enero y agosto de 2014.
Según Jimmy Miño, cuando recién encontraron estas bodegas virtuales, el jefe de sistemas le dijo al gerente subrogante: “mayor, acá viene la pregunta, ¿usted quiere que esto se sepa o que no se sepa?”. Y se supo. En agosto de 2014 la información fue transmitida a los organismos de control interno, pero no fue denunciada por ningún oficial o funcionario.
El encubrimiento es evidente, según este ex contador civil del Ejército, porque cuando Carlos Schmied volvió de sus vacaciones, “llegó diciendo que todos éramos unos desleales. Le echó la culpa al cabo Zúñiga de lo faltante en bodega, pero el cabo dijo que había recibido instrucciones expresas del comandante Schmied para hacer lo que hizo”. Una maniobra que, según Jimmy Miño, “pasa en otros centros recreacionales, porque es la misma gente la que se mueve. Las malas prácticas de una instalación se pasan a la otra”, lamenta.
Pero el caso de las bodegas virtuales no es la única irregularidad detectada en esta unidad del Ejército. La Fiscalía Centro Norte se encuentra investigando un millonario fraude, que involucra a otro oficial, el teniente coronel Mauricio Lazcano, ex Jefe de Informática del Comando de Bienestar. Según José Morales, fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad, “lo que se investiga son delitos de fraude, estafa contra una serie de factoring que operan en el mercado, y delitos funcionarios de cohecho y negociación incompatible”.
Con estos ejemplos queda en evidencia que la debilidad de los sistemas de control al interior de las instituciones armadas, junto al poder incontrarrestable de los oficiales, configuran un escenario propicio para las irregularidades administrativas. Pero también para las relaciones de dominación, donde las instrucciones de un jerarca militar son indiscutidas y protegidas por sus pares armados. Un vínculo que no es novedad para el Poder Judicial. El ejemplo más reciente es el denominado caso Riggs, donde el ministro en visita de la Corte de Apelaciones, Manuel Antonio Valderrama, dictó sentencia en primera instancia: seis oficiales en retiro del Ejército fueron condenados, en su calidad de autores, por la malversación de caudales públicos en favor de Augusto Pinochet, por una suma total que supera los seis mil millones de dólares.
Finalmente, una querella criminal por amenazas simples contra Carlos Schmied Gómez, presentada en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, sintetiza el paso de Vanessa Salas por el reino de este teniente coronel. Pero el antecedente de un trato abusivo contra funcionarios civiles no hizo peligrar su puesto de trabajo como gerente del Hotel Militar 11 de Septiembre. Solo la denuncia por las tres bodegas virtuales logró removerlo recientemente de su cargo.

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